Según se informó a diario Ipodagua.com, en el día de ayer miércoles por la tarde la comunidad de Riarte en Tucumán Indio Colalao, fue reprimida por la policia provincial con el objetivo de arrebatarles sus territorios. Miembros de la comunidad informaban que estaban resistiendo el desalojo cuerpo a cuerpo, se escuchaban tiros.  
 

Ayer miércoles 4 de julio alrededor de las 17:10 horas se desato una brutal represión policial en Riarte contra la Comunidad Indio Colalao. Hubo más de 250 policías fueron movilizados por orden judicial a Base Riarte, en el límite con Salta, para desalojar las tierras que las familias ocupan desde hace cientos de años. El objetivo fue liberar 19.000 hectáreas reclamadas por dos terratenientes.

Informan a Ipodagua.com desde Trancas que “la policía inició la represión en la Comunidad Indio Colalao. Después de comprometerse a no tomar la medida por la fuerza, la policía ingreso al territorio cerca de las 17hs”.
Agregan además que “La justicia se había comprometido a no ejecutar la medida ordenada por el juez Juan Francisco Pisa de la 3ra nominación. La policía ingreso al lugar diciendo que iban a labrar un acta pero finalmente forzaron la resistencia en el camino e iniciaron el desalojo”.
 

Por otra parte, cerca de la medianoche, las comunidades originarias de Colalao del Valle enviaron un comunicado a este diario digital manifestando que “temen que la policía avance nuevamente contra sus tierras y se produzcan nuevos desalojos. La Base de Riarte, del pueblo Indio Colalao-Nación Diaguita, se constituyó en asamblea permanente para impedir la violación de sus derechos y denunció que continúan las persecuciones y los aprietes contra los comuneros”.

Esta comunidad originaria viene denunciando desde hace tiempo la violación sistemática y constante de derechos por parte de Freddy Moreno Núñez Vela y Jorge Posse, “quienes comenzaron un plan de expulsión de nuestros hermanos que allí habitan, manejándose como verdaderos encomenderos en pleno siglo XXI: matan animales, impiden a nuestros hermanos sembrar, bloquean el agua de acequia que utilizan para riego y consumo”, afirmaron en un comunicado.

“Durante los últimos días se produjo la expulsión de uno de nuestros comuneros, Don Elias Apaza, un abuelo no vidente con serios problemas de salud. Ante este nuevo e indignante atropello la Base Riarte decidió no permitir que se continúe violando sus derechos colectivos, por ello se constituye en asamblea permanente en el territorio en conflicto hasta que toda esta situación se resuelva y los derechos de nuestros hermanos se hagan efectivos”, indicaron.

Señalaron además que al comenzar la aplicación en la provincia de la ley 26.160, desde septiembre del año 2010, se cerró el único camino vecinal, llegando, inclusive, a pedirles Documento Nacional de Identidad a los comuneros. “Durante el último Censo no se censaron a todas las familias de la comunidad, mientras que las que fueron censadas lo hicieron en presencia de una escribana y de Sebastián Moreno (hijo de Freddy Moreno Núñez Vela); todo ello quedo constatado en la correspondiente denunciadas al Indec”, indicaron.

Sin embargo, “amparados en sus vínculos locales, continuaron con sus ataques y en diciembre se presenta en Riarte el Juez de Paz de Trancas, Ciro Castro, a pedido de Freddy Moreno Núñez Vela, y violentando el domicilio del delegado de Base, Benito Toledo, le retiran todas sus pertenencias para dejarlas posteriormente en el juzgado de Paz de El Jardín, Salta, a cargo de Ismael Abadia”.

"En esta política de desarraigo se cerró la escuela Primaria Nº 31 y desde el año 2006 la Comunidad viene reclamando su reapertura al Ministerio de Educación de la Provincia de Tucumán, reiterando el pedido en numerosas oportunidades; mientras tanto nuestros niños deben recorrer 14 km diarios para poder suplantar esta carencia de Educación en Salta”, pidieron.

Según los originarios, “Moreno Núñez Vela y Posse pretenden apropiarse de 19.000 hectáreas de monte nativo donde se encuentra la Base Riarte Norte, en función de que en el año 2003, en connivencia con la Familia Prat Gay, encubrieron un negociado resultado del vaciamiento del Banco de Crédito Rural. En ese momento el actual diputado Alfonso Prat Gay presidía el Banco Central de la República Argentina, entidad que tenía como garantía el territorio Colalao por la deuda contraída por Jorge Prat Gay, resultado de sucesivos préstamos solicitados. El uso de nuestro territorio para sus negociados derivó en la entrega por parte del Banco Central de la Nación Argentina de nuestros hermanos que allí habitan como un elemento más del paisaje”, manifestaron